ESPAÑA - El juez José Castro imputó ayer a la infanta Cristina en el «caso Nóos», por lo que tendrá que comparecer el 27 de abril en el Juzgado de Palma de Mallorca. Afirma que podría haber incurrido en «un supuesto de cooperación necesaria» o «complicidad» en los delitos que se atribuyen a su esposo, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, sospechosos de desviar más de 6 millones de euros de fondos públicos.
El juez José Castro imputó
ayer a la infanta Cristina porque considera que pudo consentir que su
parentesco con el rey español fuera utilizado por Iñaki Urdangarin y su exsocio
Diego Torres en las actividades del Instituto Nóos, lo que podría constituir un
delito de «cooperación necesaria» o «complicidad». Tanto Urdangarin como Torres
son sospechosos de haber desviado varios millones de euros de dinero público a
través de Nóos, una sociedad de mecenazgo. La hija menor de los reyes, de 47
años y cuyo nombre apareció en unos correos electrónicos remitidos al
magistrado por Torres, deberá comparecer en el Juzgado de Palma el 27 de abril.
En un auto de 19 páginas, el
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma argumenta que sin la
presencia de la infanta en la entidad, así como sin «el aparente y consensuado
refuerzo de la Casa Real »,
Urdangarin y Torres no habrían podido obtener los fondos de las administraciones
públicas que supuestamente desviaron.
Castro se muestra tajante al
aseverar cómo Cristina de Borbón y el secretario personal de las infantas,
Carlos García Revenga -también imputado-, prestaron su consentimiento para que
su parentesco con la Casa
Real fuera utilizado por Urdangarin y por Torres «a sabiendas
de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y
tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas».
En atención a ello, incide,
se prescindía de los cauces y controles administrativos «que eran de rigor,
disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos».
«Es más que dudoso que las
empresas e instituciones públicas se hubieran aquietado tan pacíficamente a las
proposiciones que Iñaki Urdangarin y Diego Torres les hacían llegar sin contar
con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa del Rey, lo que intencionadamente», afirma
el juez, se dejaba entrever mediante la presencia de la infanta y García
Revenga en la junta directiva de Nóos.
En esta misma línea, apunta
que «difícilmente puede estructurarse que Urdangarin actuara de espaldas a su
esposa cuando la negociación o un hito relevante» de la misma, en relación a
los convenios de colaboración de los llamados Illes Balears Forum, tuvo lugar
en el palacio de Marivent, mientras que los del Valencia Summit se habrían
celebrado en Zarzuela.
Asegura que «está fuera de
discusión» que la infanta y su esposo, así como García Revenga, «prestaron su
consentimiento a que usaran sus nombres, tratamiento y cargo, pues no cabe
imaginar que pudiera hacerse de otro modo».
Sostiene, además, que «no se
acaba de entender que su majestad no comentara con su hija las críticas o
recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido» para
instarle a desvincularse de Nóos.
«E incluso que consensuara
con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que alguna manera
velara por su cumplimiento lo que debería haber llevado a doña Cristina a la
conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y
cuestionar al respecto la actitud de su marido», señala.
Concluye que la no
imputación de la infanta sería «un descrédito a la máxima de que la Justicia es igual para
todos» y argumenta que citarla como testigo sería de «escasa utilidad» porque,
como miembro de la
Familia Real , «estaría exenta de concurrir a un hipotético
llamamiento judicial como testigo, pudiendo facilitar su versión por escrito»,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim) Además, como cónyuge de Urdangarin, «ni tan siquiera por escrito
estaría obligada a hacerlo», según artículo 416.1 de la LECrim.
La noticia de esta
imputación, el capítulo más grave de este escándalo de corrupción que estalló a
finales de 2011, desató una cascada de reacciones.
El portavoz del PP en el
Parlament, Enric Millo, se limitó a expresar su respeto a las actuaciones
judiciales, las cuales, dijo, no le gusta valorar.
La portavoz del PSOE en el
Congreso, Soraya Rodríguez, por su parte, evitó la pregunta sobre si se le
debería retirar el título de duquesa de Palma a la infanta, mientras que el
secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, habló de respeto.
El coordinador federal de
IU, Cayo Lara, manifestó que sueña con un país en el que haya jueces que «se
crean de verdad la independencia del poder judicial» y que Castro ha «dado una
buena muestra en ese camino».
Para el portavoz del PNV en
el Congreso, Aitor Esteban, es el momento de que la Corona sea tratada «de la
misma manera» que el resto de instituciones.
El líder de ICV-EUiA, Joan
Herrera, exigió que renuncie a «los privilegios» que tiene como miembro de la Casa Real.
La coalición MÉS per
Mallorca pidió la «retirada inmediata del título de duques de Palma al
matrimonio Urdangarin-Borbón» y que deje de recibir las aportaciones consignadas
en los Presupuestos Generales.
Preguntas sobre la herencia del rey en Suiza
Asimismo, la Mesa del Congreso analizará
la próxima semana las preguntas registradas por varios grupos parlamentarios
sobre la herencia recibida por el rey procedente de cuentas que su padre, don
Juan, tenía en Suiza.
Según «El Mundo», quien
ostentara el título de conde Barcelona dejó al morir, hace veinte años, una
fortuna de 1.100 millones de pesetas «que incluía 728 millones en tres cuentas
en Suiza», de las que Juan Carlos I habría heredado 375 millones de pesetas.
El coordinador federal de
IU, Cayo Lara, calificó de «muy graves» las denuncias sobre las posibles
cuentas en Suiza porque «el jefe del Estado tiene que ser el primero que dé
ejemplo. Tiene que ser un referente ético». En rueda de prensa en la sede de IU,
consideró que, de ser ciertas las informaciones, pondrían en cuestión «el
patriotismo del rey. ¿De qué patria hablamos? ¿Se puede hablar de patria cuando
saca dinero del país? El tema es grave en cuanto a la función ética que debe
cumplir un jefe de Estado».
El Ministerio de Hacienda
alegó que no puede difundir datos sobre contribuyentes aunque lo pida una
pregunta parlamentaria porque la ley tributaria lo impide.
Desde 2012, la infanta
Cristina está apartada de la agenda oficial de la Familia Real ,
mientras que la imagen de su marido ha sido retirada tanto del Museo de Cera
como de la web de la Casa
Real.
Los medios internacionales
se hicieron amplio eco de su imputación, destacando que «por primera vez una
princesa española deberá comparecer ante los jueces»