Marcha denunciando la muerte del revolucionario Lopez Peña |
Por Ion Salgado - GARA
EUSKAL HERRIA -
La muerte de Xabier López
Peña prolonga la lista de represaliados fallecidos en prisión. Una triste
historia, inaugurada hace más de tres décadas y que sigue sumando nombres por
el empecinamiento de los estados en mantener, aun hoy, la política
penitenciaria.
Durante las últimas décadas
16 presos vascos han perdido la vida estando en prisión. El caso de Xabier
López Peña, que ayer falleció en el Hospital de Pitié Salpêtrière, en París,
cierra un nuevo capítulo en una historia negra protagonizada por Juan José
Crespo, José Ramón Goikoetxea, Joseba Asensio, Juan Karlos Martiarena, Mikel
Zalakain, Jean Groiz, Pello Mariñelarena, Jose Mari Aranzamendi, Unai
Salanueva, Juan Karlos Hernando, Oihane Errazkin, José Angel Alzuguren, Igor
Angulo y Roberto Sainz. Sin olvidar a todos aquellos represaliados que han
perdido la vida en prisión atenuada, como es el reciente caso de Ángel Figeroa,
o tras salir de prisión.
Todos estos nombres están
recogidos en un informe publicado por Jaiki Hadi. Un documento redactado por
médicos y titulado «Cárcel y salud», que relaciona la muerte de estas personas
con las condiciones de excepcionalidad impuestas a los presos vascos, ya que,
según este colectivo, «en la mayoría de los casos -en alusión a las personas
fallecidas- ha influido de forma fundamental el funcionamiento de la cárcel, la
negligencia y la propia política penitenciaria aplicada específicamente a este
colectivo».
Para ilustrar estas
palabras, que han sido pronunciadas en diferentes ocasiones por las
agrupaciones solidarias presentes en Euskal Herria, Jaiki Hadi cita el caso de
Mikel Zalakain, que falleció por un infarto a los 58 años de edad en su celda
de Martutene tras haberle sido denegado «reiteradamente» el tratamiento y la
consulta adecuada a su cardiopatía. Asimismo, recuerdan la muerte de Roberto
Sainz. Un preso de 41 años, que perdió la vida de un infarto en la enfermería
de la prisión de Aranjuez tras hacerse «caso omiso» a sus demandas de
asistencia mientras sufría otro episodio de la misma índole en el interior de
su celda.
De todos modos, como los
propios facultativos señalan, estos casos «no nos cogen por sorpresa, habida
cuenta de la preeminencia de las medidas de seguridad a consideraciones de otra
indole». A este respecto, destacan, a modo de ejemplo, que «en ningún caso se
abre la puerta de la celda por la noche sin antes cumplimentar una serie de
normas internas protocolarias de seguridad, aún en caso de infarto o enfermedad
grave súbita del preso. El tiempo invertido en dicho protocolo de seguridad
puede suponer en la mayoría de los casos el desenlace fatal del enfermo». Al
hilo de estos ejemplos, los médicos que integran Jaiki Hadi señalan que
«resulta paradójico que no se den más casos de fallecimiento de este tipo, lo
cual no disminuye el riesgo potencial de que sucedan».
Este riesgo potencial está
en sintonía con las carencias detectadas en las prisiones situadas al norte y
al sur de Euskal Herria. En el caso de los centros penitenciarios españoles,
Jaiki Hadi denuncia fallos en la asistencia sanitaria que reciben los prisioneros
vascos. Una situación que, a su parecer, se hace patente «por la falta de
interés, irresponsabilidad profesional y el trato irrespetuoso que algunos
médicos muestran en las consultas médicas». A esto se suma las «constantes
trabas» y las negativas de los responsables penitenciarios a la visita de
médicos de confianza ajenos a la institución carcelaria. «Hay que señalar que,
desde hace muchos años, se vienen denegando la gran mayoría de las visitas
solicitadas por `razones de seguridad'. Esto es, lo que en el artículo consta
como excepción se ha convertido en norma de facto», añade.
En el Estado francés la
situación no es mejor. Tal como detalla Jaiki Hadi, en los centros dependientes
de París hay una unidad de cuidados sanitarios conocida con el nombre de UCSA
-Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires-. Dichas unidades condicionan
el tratamiento de los presos vascos y están marcadas por las «carencias que son
comunes y casi inherentes a las situación del encarcelamiento: dietas no
adecuadas a determinadas patologías, ausencia de programas sistemáticos de
vacunación, malos cuidados odontológicos y epidemias de infestación, sarna
sobre todo».
Además, las UCSA no
garantizan una atención especializada apropiada a los presos porque no existe
una uniformidad entre las mismas y su tamaño varía en función de la prisión. En
el informe elaborado por los médicos vascos se detalla que en algunas prisiones
ciertos especialistas hospitalarios realizan consultan in situ, en las
unidades, con seguimiento a los pacientes. Pero en otras no existe este tipo de
asistencia y los represaliados tienen que ser excarcelados temporalmente para
ser conducidos a un hospital, tal como ha ocurrido en el caso de Xabier López
Peña, que el pasado 11 de marzo fue ingresado en el Hospital Corbeil-Essones.
Diferencias legales al
norte y al sur
Tras analizar los dos
sistemas, Jaiki Hadi compara las diferencias legales existentes entre París y
Madrid. Así, el documento destaca que «mientras que en el Estado español la ley
penitenciaria autoriza teóricamente que los presos reciban atención sanitaria
por médicos extrapenitenciarios de su elección, en el Estado francés no existe
esa opción». A su vez, recuerda que el Elíseo no cuenta con un artículo o una
ley específica que permita la excarcelación de presos con patologías graves e
incurables. «En relación a este último punto, en estos años se ha conseguido la
puesta en libertad provisional de algunos presos políticos para los que la
situación de encarcelamiento era incompatible con su estado de salud o
requerimientos médicos. Pero cada uno de esos logros ha requerido un esfuerzo
ímprobo», señala.
«Y en el caso de uno de
ellos, la condiciones de salida han sido draconianas: se la ha asignado la
residencia en casa de un autóctono que se ha ofrecido voluntario para
albergarle; no tiene documento de identidad que le acredite, por tanto, no
puede abrir una cuenta bancaria, y por tanto no puede recibir las ayudas del
Estado francés que le garanticen la manutención; no tiene una tarjeta
sanitaria, no puede comprar los medicamentos que tiene prescritos, se le van
acumulando las facturas del hospital... Y en otros casos, ni siquiera se puede
pedir la libertad de presos enfermos graves porque sobre ellos pesa una orden
de prohibición de residencia en el territorio francés», relatan los sanitarios
en el documento.
No obstante, las
dificultades advertidas por Jaiki Hadi en las prisiones dependientes de París
no distan demasiado de la situación que se vive en el Estado español, donde
existen varios presos gravemente enfermos, como Gotzone López de Luzuriaga,
José Ángel Biguri, Iñaki Etxeberria y Josetxo Arizkuen, entre otros. Para
garantizar los derechos de estos, así como del resto de represaliados, los
médicos vascos finalizan el informe con una serie de conclusiones y
necesidades. Una pequeña batería de propuestas dirigidas a garantizar una vida
digna, en la que no se produzcan vulneraciones de derechos humanos derivados de
la aplicación de unas medidas de excepción que repercuten sobre la salud física
y mental de los presos.
Salud por encima de
seguridad
La primera reivindicación
está centrada en los niveles de seguridad. En esta los médicos recuerdan a las
autoridades españolas y francesas que los motivos de seguridad o las normas
específicas no pueden estar por encima del derecho a la salud, ni condicionar
el estado sanitario de los presos y las presas. En el segundo punto, Jaiki Hadi
sostiene que «cualquier preso o presa tiene derecho a ser asistido por un
profesional de su confianza. Tanto con visitas profesionales como por cualquier
método o tratamiento que él o ella elija. Asimismo, pedimos que los
profesionales de salid de los centros penitenciarios tengan una relación
natural con los profesionales externos».
Por último, solicitan la
suspensión de todas las medidas que creen una sufrimiento añadido a puedan
suponer un empeoramiento de la salud del preso. Entre las mismas figuran los
castigos de aislamiento, los traslados violentos, y las actitudes que vulneran
la confidencialidad y el derecho a a la intimidad de los presos enfermos.
Una doctrina «cruel» contra
los presos y las presas vascas
En el informe «Cárcel y
salud», Jaiki Hadi destaca el impacto negativo del alargamiento de la condena
sobre la situación sicológica de los presos vascos. Tal como señala, «la
política penitenciaria diferenciada que sufre el colectivo de presos y presas vascas
ha creado una forma extremadamente cruel que se concreta en la doctrina
197/2006 del Tribunal Supremo español».
Una norma que daña la mente
de las personas cuando estas están apunto de salir de prisión. «El hecho de que
dejen a una persona pensar, esperanzarse y emocionarse con su puesta en
libertad, para de un zarpazo anular todo lo que ha sido su proyección vital de
los últimos años , es una forma extrema de crueldad y trato deshumano. Todo
ello está encaminado a crear desesperanza, depresiones y ganas de dejar de
vivir, encaminado a anularse como persona y a crear un daño gratuito en todo su
entorno».