Por Carlos Del Frade
Un asesinado por día durante
la primera quincena de 2015. La geografía repite el nombre, Rosario. La ex
ciudad obrera que durante el tercer fin de semana del año se dejará arrastrar
detrás de los ruidos, los colores y el gran negocio del Dakar.
A la policía los narcos le
pagan tres mil pesos por semana para poder vender tranquilos. Cuando estaba
Gendarmería la cosa era distinta porque a ellos no los podían comprar –le decía
a los medios de comunicación Mercedes, hermana del Germán Carabajal, un
muchacho de 27 años, que estaba prófugo por otro asesinato producido en junio
del año pasado. A Germán lo mataron por alguna deuda con una de las tantas
banditas vinculadas al narcotráfico, ese negocio paraestatal que ocupó el
agujero negro dejado por el fenomenal saqueo de las fuentes laborales durante
los años noventa y que nunca fue cubierto por una presencia virtuosa del
Estado.
En la intimidad de estos
nuevos números del espanto, en esos necesarios por qué que no suelen buscarse
cuando rugen los motores del Dakar, hay un barro marcado por el dolor. Se llama
Santa Lucía, surgido como producto de la relocalización de una villa que llevaba
ese nombre a fines de los años noventa. De esa quincena de vidas ausentes antes
de tiempo, tres asesinatos se cometieron en ese rincón oeste de la ex ciudad
industrial, portuaria y ferroviaria.
"Me toca de cerca ya
que fui docente de estos chicos. Lo cierto es que si no son, no fueron ningunos
santos, como dijo una de las madres. Pero también es cierto que por un lado son
el producto de por lo menos 10 años de la deshonesta relación de la policía y
la sociedad, del Estado y los ciudadanos, y el barrio y su contexto", dice
el maestro Raúl Carrizo en diálogo con Pelota de Trapo.
“No superaban los 20 años, y
desde que yo los conocí muy chiquitos, ya sabían del destino de corrupción y
violencia al que está sometido su barrio y su territorio, en manos de la lucha
entre el poder policial ambicioso y corrompido, y los "trabajadores"
de la merca, el narco como verdadera industria. Me cansé de denunciar la
intervención en el territorio de los narcos bajo la connivencia en este caso de
la comisaría 22. Lo que obtuve fueron amenazas de parte de la policía, y el
corte de mi contrato. Hablaba de la nefasta relación del Estado, y ahí aparecen
muchos de los funcionarios políticos, pero también muchos talleristas a los que
sólo les importa cobrar su sueldo ya que o son ñoquis, o están ahí por un fondo
que les ayude a otros objetivos…”, sigue recordando Raúl, con dolor y valentía.
Para Carrizo, “estos chicos
que hoy son víctimas porque fueron victimarios, primero fueron víctimas de un
Estado y una sociedad egoísta que sin darle nada les exige un destino de
redención, entonces cuando no pueden cumplir con el destino son el chivo
expiatorio de un capitalismo que necesita el riesgo, la inseguridad para
ejercer el estado de control y vigilancia que luego deviene en el bienestar de
unos pocos, la corrupción de muchos, y la miseria de otros muchos, Desde ya un
abrazo a las familias que han perdido a alguien, víctima de la violencia, y
sepan que la violencia no viene en frasco y se toma, la violencia se construye
con los años”, termina diciendo.
Y más allá de las voces que
en estos días se escucharon en los grandes medios de comunicación de la región,
decenas y decenas de vecinos señalan otras realidades, entre ellas, la
construcción de una nueva zona liberada de parte de los nichos corruptos de La Santafesina SA.
Vecinas y vecinos que
representan a numerosas familias que quieren otro presente para ellos y sus
hijos.
Ellos cuentan que la
realidad del barrio Santa Lucía es consecuencia de una profunda exclusión
social agravada en los últimos años. Tres asesinatos en 36 horas marcan la
presencia de muchísimas armas en la vida cotidiana de casi 3 mil personas que
intentan gambetear las urgencias cotidianas a partir del trabajo que no es
fácil encontrar. Las vidas arrebatadas son las cortas existencias de chicos
menores de veinte años que no forman parte de bandas organizadas sino de
enfrentamientos familiares, muchos de los cuales parecen estar coordinados por
los nichos corruptos de la policía provincial.
Hay angustia en decenas y decenas
de familias que pelean por vivir mejor en el barrio.
Las pocas presencias
virtuosas del Estado, provincial y municipal, cierran sus puertas a horas muy
tempranas y el repliegue de gendarmería parece haber producido, en forma
paralela, una especie de zona liberada que padecen vecinas y vecinos.
Las voces que se escuchan,
los relatos que aparecen en los grandes medios de comunicación, tanto
regionales como nacionales, no reflejan este cuadro de situación que viene
desde hace años.
El servicio público de
justicia debería tomar nota de otras voces que, por ahora, no han podido
expresarse en torno a este principio de año feroz que sufre la comunidad de
Santa Lucía. Hay una auténtica y palpable necesidad de producir una pronta
acción estatal para desarmar ciertas familias y evitar mayores dolores. La
presencia de vecinos de otros sectores de la ciudad y los anuncios de posibles
ocupaciones enrarecen aún más el clima por estos primeros días de 2015. Es
fundamental que las instituciones se acerquen cuanto antes al barrio para
llevar algo de tranquilidad a los habitantes de Santa Lucía que, por otra
parte, desde hace años vienen peleando por una vida mejor y con esperanzas
concretas para sus hijos.
Esas chicas y esos chicos a
los que quieren verlos vivir y no morir.