Por Sindicato de
Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM – CTA)
Pese a la evidente violencia ejercida por la patronal de
TODO TARTAS, por medio de una Patota, y pese a la serie de episodios
persecutorios que los trabajadores venimos sufriendo, la fiscalía ordenó el
procesamiento de los trabajadores y una
medida restrictiva de acercamiento.
A casi dos semanas de los ataques que los
trabajadores organizados en la CTA sufrimos en manos de una patota enviada por
la patronal de Todo Tartas, que dejó a dos compañeros gravemente heridos, la
fiscalía no sólo no detuvo ni proceso a los matones, sino que ha venido
llevando adelante una clara persecución hacia los trabajadores organizados, que
realizamos un reclamo justo y pacífico por trabajo digno.
Días atrás, la
fiscal Graciela Trill ordenó una restricción de acercamiento a tres compañeros del SICAMM (Sindicato de
repartidores perteneciente a la CTA). Es realmente indignante la facilidad con
la que se montan causas falsas, con testigos que realizan declaraciones falsas,
y la predisposición colaboracionista por parte de la fiscalía, con el fin de
perseguir a los laburantes, en un claro acto de criminalización de la protesta
social. Este accionar por parte del poder judicial deja en evidencia la parcialidad
del mismo en su intento por mover el eje del conflicto, centrando la mirada en
los trabajadores, y criminalizándolos, como si la violencia hubiese sido
ejercida por éstos.
Resumiendo: Sebastián Britos, dueño de Todo
Tartas, quien ya nos había enviado una patota un día antes, envía una (segunda)
patota integrada por patovicas y agentes
del servicio penitenciario. Esta patota parapolicial golpea a quienes
realizaban un reclamo pacífico, dejando
como saldo un compañero de la CTA internado por fractura de maxilares,
orbitales, tabique y muñeca derecha. La policía (que había liberado la zona)
arriba al lugar del hecho e identifica dos agentes del servicio penitenciario y
un arma reglamentaria. Estos hechos se condicen con las amenazas que el abogado
de Britos, Gabriel Merlassino, nos había realizado días antes, al decirnos que
iba a mandar una patota para que nos “cague a trompadas”. Sin embargo, el
fiscal a cargo, Dr. Castro, no detiene ni procesa a nadie, basando su decisión
en el principio de flagrancia.
Es interesante destacar aquí, la clara
inclinación del Poder Judicial a la hora de defender intereses del poder
dominante. Para ello, resulta pertinente traer a colación un episodio no muy
lejano en el tiempo, cuando el verano pasado la justicia decidió detener y
procesar a un centenar de personas que se manifestaron en contra de la suba del
boleto de colectivo. Estos procesados no fueron detenidos “in flagranti”, es
decir, mientras reclamaban, sino más tarde, cuando ya se habían retirado del
lugar. Evidentemente, la justicia decide aplicar o no el criterio de
flagrancia, conforme a la conveniencia de los intereses de la clase dominante.
Esta comparación entre ambos hechos es una muestra de la falta de imparcialidad
por parte del Poder Judicial.
A esto hay que agregarle la ya mencionada
restricción de acercamiento, y el
procesamiento por “amenazas y daños” de
tres compañeros del SICAMM, referentes del gremio, y activos partícipes de los
reclamos contra el negreo de TODO TARTAS.
Pero esto no es
todo, pocos días atrás, Walter Buda, dirigente de la CTA y principal
damnificado por la golpiza, minutos antes de realizar su declaración por los
hechos, sufrió el robo de su auto, que se encontraba estacionado en la puerta
de la sede de ATE (Gremio de trabajadores estatales de CTA). Esto es un claro
mensaje intimidatorio por parte de esta red mafiosa que está operando con el
fin de desactivar nuestros reclamos.
Es una vergüenza, y
es una tristeza, que nuestra ciudad, y que nuestra tan querida Patria, sea
ensuciada por una justicia tan injusta, por una justicia que no es justicia,
una justicia que persigue, que criminaliza a quienes luchan por su derecho a
una vida digna, a quienes luchan por que se cumpla lo establecido por ley, a
quienes denuncian la precarización
laboral en Mar del Plata, la localidad con mayor desempleo del país. Y no sólo
esto, sino que el pueblo trabajador ha sido víctima una vez más de la violencia
institucional ejercida por el aparato represivo del Estado, no solamente por la
participación de agentes del servicio penitenciario en la feroz golpiza, sino
también por la complicidad del comando de patrullas, encargado de liberar la
zona la noche del 28 de junio.
Todo este
conglomerado de hechos, todo este accionar del aparato represivo del Estado y
de agentes externos al mismo, nos retrotrae a las épocas más nefastas y oscuras
que sufrió nuestro pueblo durante la última dictadura militar: Amenazas,
persecución política, criminalización de la protesta social, mensajes intimidatorios,
liberación de zonas y represión por medio de patotas parapoliciales, es decir,
represión tercerizada. Al parecer, anidan en nuestra ciudad, nuestra no tan
feliz ciudad, personajes siniestros que anhelan volver al pasado.
Desde el Sindicato
de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (CTA) expresamos nuestro mayor repudio a
todos estos sucesos, y particularmente
al desenvolvimiento que ha venido teniendo la justicia por medio de los
fiscales, demostrando una alevosa e insostenible inclinación por defender los
intereses de los empresarios que ostentan el poder subsumiendo a los
trabajadores a condiciones precarias de
vida. Es por esto que llamamos a la sociedad en su conjunto a repudiar estos
hechos y a solidarizarse con nuestra justa causa.
Exigimos:
Reincorporación de
los trabajadores despedidos discriminatoriamente
Desprocesamiento de
los compañeros del SICAMM
Juicio y Castigo a
los Autores Materiales e Intelectuales de la violencia contra los trabajadores