JUJUY- En una asamblea de la
que participaron representantes de toda la provincia, desde Mina El Aguilar
hasta El Talar, el SEOM Jujuy resolvió solicitar una audiencia con el
Gobernador, expulsó a los usurpadores del gremio y denunció infiltrados de la
policía en la marcha realizada en San Pedro que culminó con destrozos en el
edificio municipal.
En rueda de prensa, el titular del gremio, Carlos
Santillán, indicó que “el primer punto que se votó fue elevar un pedido de
audiencia al gobernador Eduardo Fellner para plantear la situación en general
que viven todos los trabajadores municipales. La nota, que se presentará en
gobierno, llevará la firma de todos los delegados y será enviada este lunes”.
El segundo punto acordado es que los delegados esperarán hasta el día viernes
de esta semana una respuesta del gobierno. Si no hay respuesta, la semana que
viene comenzarán medidas de fuerza a nivel provincial y el martes se realizará
un plenario de delegados para determinar la profundización o no de esas
medidas. El tercer punto que se voto fue la expulsión de 12 afiliados del SEOM
que, en abierta transgresión del estatuto gremial, se prestaron no sólo como
cómplices de la usurpación del sindicato, sino que ahora crearon un nuevo
gremio municipal, conducido por el diputado Emilio Cayo, cabecilla de la
usurpación del gremio durante dos meses. Los desafiliados son: Hugo Prieto,
Carlos Impa, Horacio Velázquez, Norma Llanos, Luis Ángel Guerra, Cristina
Balanza, Jhonny Cayo, Santa Giménez, María Salva, Marina Colque, Sonia Moyata y
Sandra Maizares. “Ellos han sido parte de una maniobra para atacar y dividir al
sindicato municipal, gestada por la Red de Organizaciones Sociales y el partido
político donde ellos están, donde la cabeza visible es la ODIJ, que ha sido la
usurpadora de este sindicato durante dos meses”, recordó Santillán. Consultado
por los periodistas dónde cumple funciones Emilio Cayo como trabajador
municipal, Santillán dijo que “nadie sabe dónde trabajó, tenemos entendido que
nunca trabajó como tal. En el plenario hemos preguntado a los delegados del
municipio de la Capital si alguien sabía dónde trabajó Cayo, ya sea en servicios
o administración, y nadie nunca lo vio trabajar. Bejarano está en las mismas
condiciones. Aparecieron siendo trabajadores municipales y nadie sabe dónde
trabajaron”. La otra maniobra que están realizando, expresó el Perro, “es
querer hacernos quedar como los violentos, cuando todo el mundo en Jujuy sabe
que este sindicato estuvo tomado dos meses y que lo custodiaba gente armada, y
que además hay una denuncia contra Bejarano –que ha sido electo concejal, pese
a las acusaciones que pesan sobre él- por amenazas con arma de fuego”.
“Lamentamos esto y esperamos la respuesta del gobierno. En cuanto a los
conflictos que se están desarrollando en Humahuaca y en San Pedro, vamos a
tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con los intendentes, porque no
queremos perjudicar a nadie”. Video de infiltrados en la manifestación de San
Pedro Finalmente, en la asamblea, se proyectó un video de un particular que fue
subido y compartido en Facebook, donde se ve claramente a falsos manifestantes
que actúan en connivencia con efectivos de la policía de la provincia, poniendo
y sacando elementos de la caja de los patrulleros, ascendiendo y descendiendo
de los vehículos oficiales, manteniendo diálogos con los policías, quienes no
sólo no los detienen, sino que operan junto a ellos (se adjunta link del video
subido a Youtube). “Este video muestra cómo la policía infiltra la marcha de
San Pedro. Se puede ver un grupo de unas diez personas, cuando llegan los
patrulleros, uno de ellos se saca la remera, sacan cosas de la caja de la
camioneta; suponemos que deben haber sido piedras y corren en dirección a la
manifestación que llegaba en esos momentos a la municipalidad”, relató
Santillán. Con respecto a este video, anunció que se hará una presentación ante
la Justicia por parte de los abogados del SEOM. El líder sindical acotó que,
más allá de bronca de los municipales sampedreños, “evidentemente, acá hubo una
maniobra para dejarnos mal parados y poder comenzar ahora esta paradójica
campaña contra la violencia”. Finalmente, Santillán condenó la judicialización
de la protesta, ya que sigue imputado un importante número de empleados
municipales, entre ellos algunos miembros de la comisión directiva del SEOM.
“Creemos que la judicialización es el plan que está en marcha para tratar de
quebrar las denuncias que venimos haciendo nosotros, ya sea por la
precarización laboral o la jubilación”, finalizó.