Por Melissa Zenobi (Redacción CTA)
Ante el avance de los distintos proyectos que profundizan este modelo productivo extractivista, gana conciencia en las Comunidades la urgencia de recuperar la soberanía popular.
A lo largo y ancho del país asambleas ciudadanas se organizan en la defensa de los recursos naturales. Junto a ellas, la CTA camina hacia una estratégica Consulta Popular por la Defensa de los Bienes Comunes que unifique cada una de las resistencias regionales al proyecto de saqueo imperial. De la reacción mapuche en Vaca Muerta al triunfo popular en Famatina, la lucha es una sola, defender la Vida evitando la destrucción y el saqueo de los bienes naturales.
El martes 15 de julio la recientemente estatizada YPF, a través de un Decreto de la Presidenta Cristina Kirchner, firmó un acuerdo con la multinacional Chevron para habilitarle la explotación de un cluster de petróleo en Vaca Muerta. El convenio con abundante “letra chica” que incluye la renuncia de soberanía, permite la perforación de más de cien pozos de petróleo el primer año, con métodos no convencionales como la fractura hidráulica.
En una segunda etapa, el desarrollo total del área requerirá la perforación de más de 1.500 pozos.
“Todo este acuerdo, y todo lo que ha venido haciendo este gobierno es un cachetazo a todos aquellos que entendemos imprescindible y necesario recuperar la soberanía energética, como parte indivisible de la soberanía popular”, explicó José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Nacional y secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA-CTA).
Además se trata de una multinacional juzgada por la justicia internacional por sus antecedentes en Latinoamérica. De hecho este contrato “es posible gracias al falloemitido por la Corte Suprema de Justicia Argentina, que le levantó un embargo de 19mil millones de dólares a la trasnacional, otorgándole impunidad a una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana”, expresó Adolfo Pérez Esquivel aludiendo al juicio en el Tribunal de La Haya que el Estado de Ecuador y comunidades indígenas le ganaron a Chevron por haber devastado el medio ambiente y violado derechos humanos en ese país.
Precisamente en defensa de la vida y de sus territorios, es que los pueblos Mapuches que habitan en Vaca Muerta están resistiendo la implementación de este acuerdo, denunciando la contaminación que produce la extracción por fractura hidráulica: la utilización de productos químicos que generan nfermedades que son absorbidas por los pueblos y animales, el deterioro del medio ambiente y además la utilización de millones de litros de agua. Lefxaru Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén opinó: “Estuvieron sordos mientras brindaban con los ejecutivos de Repsol. Cuando decidieron expropiarla, recién ahí los funcionarios salieron por todos lados a hablar del pasivo que genera la contaminación en esta zona. Ahora, se olvidan de vuelta. Lo único que les importa es la renta de las multinacionales. La vida para ellos no vale nada. No sería raro que hasta Repsol termine volviendo”.
Hacia una Consulta Popular por la Soberanía de los Bienes Comunes.
El acuerdo firmado con Chevron sostiene y ratifica este modelo productivo extractivista de saqueo que solo conduce al hambre, la contaminación y la muerte. Sostenido por mitos respecto de la necesidad de esos recursos en la vida en sociedad o de la cantidad de trabajo que genera esta actividad.
Lo cierto es que el caso Chevron no es más que otro acuerdo que refuerza la destrucción de la soberanía sobre los recursos naturales. “Es el modelo económico lo que hay que cambiar, participando de manera conciente y estableciendo las decisiones que más sirvan a las reivindicaciones del pueblo”, expresó Rigane.
Por eso es cada vez más fundamental el avance que está dando la CTA en la construcción de una consulta popular por la recuperación de la soberanía de los bienes comunes.
Esta campaña busca unificar todas las luchas que se dan a lo largo y ancho del país en distintas regiones y zonas, llevadas a cabo tanto por organizaciones sociales como sindicales, por asambleas ciudadanas o ONGs, que están defendiendo cuestiones referidas al medio ambiente, a los bienes comunes, al suelo, al agua, la megaminería, el fracking, etcétera.
En Salta, vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, de El Galpón, de El Tunal, Joaquín V. Gonzalez, El Quebrachal y Metan están resistiendo al ingreso de Austin Powder S.A., quien busca instalar una planta de nitrato de amonio, utilizado en la fabricación de explosivos para la megaminería a cielo abierto. El avance de este proyecto implica la inminente contaminación del Río Juramento, además somete a gran riesgo a los obreros que vayan a trabajar allí, porque puede haber emanaciones de amoniaco, como ya hay antecedentes en una empresa chilena.
Por otro lado, los vecinos plantean las consecuencias para la población en general, y a que este tipo de industria genera enfermedades respiratorias, y acumulación de sustancias en sangre que pueden intervenir en el transporte de oxigeno.
Además preocupan los accidentes que pueden producir el transporte de los explosivos en las rutas de la zona. Van a estar circulando 12 camiones por día denitrato de amonio ,lo cual somete a riesgo a los automovilistas, los transportes de pasajeros y todas las poblaciones que hay entre El Galpón (en Salta) y Rafaela (en Santa Fe), que es el destino final de la sustancia.
“Acá hay un empeño terrible por meter esta empresa que el único beneficio que tiene, es el abaratamiento de los costos para las megamineras que están haciendo añicos el país. Tenemos muchos funcionarios mineros y de ahí el interés de que la planta se instale en contra de la voluntad popular”, explicó Olga Fernández, de la Organización Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento.
En Santa Cruz es más caro una operación de apendicitis que una onza de oro. Porque mientras la salud pública, pero arancelada, representa un ingreso de 63millones de pesos, las mineras por regalías dejan apenas 54 millones de todo lo que se llevan.
En Entre Ríos, las asambleas ciudadanas pelean por una provincia libre de fracking, mientras en Córdoba el pueblo le dice “no a Monsanto” y su industria contaminante. En Misiones, los vecinos resisten a la instalación de represas para la preservación de los ríos.
Pero cuando este modelo productivo extractivista y depredador encuentra al pueblo unido y de pie, no le es posible avanzar.
Tal es el caso de los vecinos de La Rioja , que luego de años de resistencia, pueden festejar el triunfo cuando finalmente el gobernador decide rescindir el contrato con Osisko Mining Corporation para la explotación del Cerro Famatina. “Fue una derrota a la Política megaminera nacional y una conquista popular. Es el pueblo que defiende no sólo el medio ambiente sino la vida misma, que es lo que el capitalismo está destruyendo a través de este tipo de explotaciones”, opinó en su momento Normando “Piojo” Ocampo, dirigente de la CTA riojana, y agregó: “hoy más que nunca la CTA debe militar una Consulta Popular en Defensa de los Bienes Comunes. La conciencia está. Necesitamos que la gente pueda expresarse para prohibir los proyectos megamineros en todo el país”.