El Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) pidió que el ex titular de la Unión Ferroviaria
José Pedraza fuese condenado a la pena de prisión perpetua por ser “instigador”
del crimen de Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010 en Barracas. Una
víctima de la tercerización laboral y la corrupción al palo.
Bajo la misma figura y tras
un extenso alegato detallado, los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina
pidieron la misma pena para el entonces segundo del gremio, Juan Carlos
Fernández.
Exigieron que también ordene
la misma condena –aunque bajo cargos distintos– para otros 12 de los 17
acusados: los policías Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Rolando
Garay y Luis Echavarría; los delegados, Claudio Alcorcelm, Pablo Díaz y Daniel
González; los barrabravas Cristian "Harry" Favale y Gabriel "El
Payaso" Sánchez, y los trabajadores ferroviarios Juan Carlos Pérez y
Salvador Pipitó.
En el caso de los
ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, la querella pidió cuatro años
de prisión por encubrimiento; para el policía David Villalba solicitaron un
año.
El alegato, que estuvo
interrumpido por tres cuartos intermedios dispuestos por el Tribunal Oral
Criminal Nº 21, incluyó un detalle de los roles que tuvieron cada uno de los
acusados.
La hipótesis de esta
querella, que representa a la mamá de Mariano, Beatriz Rial, es que el crimen
fue resuelto para “aleccionar” y “evitar” futuros cortes de vías por parte de
los tercerizados, porque Pedraza quiso mantener la “hegemonía política en el
gremio y conservar el poder económico a través de esta forma de contratación,
la tercerización”.