por Cuando todavía no se habían acallado las voces de repudio al asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío (baleado por la espalda en agosto de 2009 durante una desocupación compulsiva de tierras en la zona usurpada por Chile), el pasado mes de julio, 34 prisioneros políticos mapuche que se hallan detenidos en las cárceles de Angol, Victoria y Cholchol comenzaron una huelga de hambre que se convirtió en una auténtica gesta de dignidad.
Muchos de los reclusos se encuentran en prisión desde hace más de cinco años, y su lucha continúa para tratar de recuperar las tierras que les pertenecen por derecho ancestral, pero que actualmente se encuentran en manos privadas.
La prisión de los indígenas se ha convertido, en una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo mapuche, una nación distinta del pueblo chileno y que fue conquistada por la fuerza en 1861 por el Ejército de ese país. Este tratamiento hacia el pueblo originario paradójicamente aumentó con los gobiernos de la Concertación, mal llamados progresistas. Tanto Ricardo Lagos como la señora Bachelet, desarrollaron políticas de avasallamiento y represión hacia los pobladores mapuche. El actual gobierno derechista de Sebastián Piñera continúa transitando el mismo camino.
Más de un centenar de comuneros se encuentran hoy en prisión preventiva, imputados por una ley que se implantó durante la dictadura de Augusto Pinochet, con la finalidad de ir en contra de la oposición. Los abogados defensores de los mapuches no se cansan de repetir que a estos se les condena por cometer delitos contra la propiedad (una propiedad que finalmente es de ellos mismos), pero no delitos contra la vida como los que sí ejecutan quienes desde el poder se amparan en dichas leyes. Todo ello ocurre, además, por la presión y complicidad de las trasnacionales europeas que devastan el territorio de los pueblos originarios.
La huelga de hambre fue entonces la única opción que les quedó a los mapuche para hacer oir sus reclamos contra la aplicación de la Ley Antiterrorista y denunciar que el Ejecutivo pretende silenciar sus demandas. De igual forma exigían la desmilitarización de las comunidades en conflicto y la libertad de todos los presos indígenas.
Alrededor de los huelguistas se fue gestando, durante los 90 días que duró esta acción de resistencia, una muralla de solidaridad, no sólo de la población mapuche que diariamente llegaba hasta las puertas de las diferentes prisiones, sino que también se logró un importante arco de apoyos internacionales. Así, se realizaron numerosas manifestaciones y actos de protestas frente a embajadas chilenas en casi todos los países latinoamericanos y europeos, donde las fotos de los mártires mapuche asesinados por la policía y el reclamo por los presos logró romper las tradicionales vallas de censura e invisibilidad hacia este pueblo.
Finalmente, en octubre pasado, la huelga fue levantada, a partir de algunos semi-acuerdos, pero quedó claro que el espíritu de lucha de este pueblo, cuyo territorio se extiende a ambos lados de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, está intacto y se ha convertido en un símbolo para otras naciones originarias.
Otro hecho que volvió a poner la atención sobre el mal trato constante a los primeros habitantes del continente, ocurrió el pasado 23 de noviembre, en la provincia de Formosa, donde policías y guardias armados de un conocido terrateniente de la zona, atacaron a indígenas del pueblo Qom, que desde hace meses se manifestaban cortando una ruta. De esta manera reclamaban la restitución de 5 mil hectáreas usurpadas por emprendimientos sojeros y el propio gobierno provincial. Durante la represión murió el indígena Roberto López y posteriormente fue asesinado otro poblador del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).
En este nuevo caso de usurpación y represión, volvió a quedar claro el papel que juegan los gobiernos feudales de las provincias argentinas, que hacen y deshacen con total impunidad, avasallando tierras ancestrales de pueblos originarios como los Qom. El nombre del gobernador Gildo Insfrán, un aliado, al parecer insustituible, del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, está a la cabeza del accionar mafioso que no sólo roba tierras a sus auténticos dueños sino que practica una política racista y brutal que casi siempre termina en represión y muerte para los más pobres del territorio formoseño.
A los Qom, y esto lo ha denunciado su máxima autoridad, Félix Díaz, se les niegan todos los derechos y se los margina del resto de la sociedad. Los Qom, reciben la solidaridad de los que pelean siempre, de los de abajo, pero también sufren cierta indiferencia general en la población (algo que se repite cuando se trata de reclamos de los pueblos originarios) y esto ayuda para convertirlos aún más en sub-ciudadanos o directamente en excluidos.
En la Comunidad La Primavera, donde se cometieron los crímenes recientes de dos hermanos, viven en la más absoluta pauperización cerca de 850 familias (unas 4.500 personas) en poco más de 2.500 hectáreas, y la pelea es para que se les entreguen la misma cantidad que les fueron robadas por artilugios leguleyos implementados por el gobernador y sus amigos terratenientes.
El año 2010 concluyó, con una huelga de hambre del cacique Qom, Félix Díaz, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, exigiendo que la presidenta lo reciba y escuche las demandas de su comunidad. Lamentablemente, la mandataria y sus ministros volvieron a mirar a un costado, y no sólo ningunearon la protesta sino que ratificaron la política de alianzas con el gobernador Insfrán, poniendo sobre la superficie los límites de una política que sigue siendo expulsiva para los pueblos originarios.
El año 2011 comenzó con los Qom y todos los que son solidarios con su causa, acampados a pocos minutos de la Casa de Gobierno. Como un símbolo de la Argentina de siempre, los indígenas resisten y piden ser escuchados, y el Poder (ese estamento tan nefasto que le cambia el carácter y los principios a muchos y muchas) los mira desde lo alto, con desdén y alevosía. Pero a pesar de ello, los Qom, los Mapuche, los Diaguitas, los nadies, siguen y siguen, apuntalando su dignidad con resistencia.
La pelea por la tierra, es decir por una vida digna en la que cada persona que la habita pueda contar con los derechos humanos imprescindibles (a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo) será sin dudas una de las pautas principales que marcará el accionar de innumerables pueblos durante el año que comienza. Desde los zapatistas que este primero de enero levantaron otra vez sus voces contra la militarización de su territorio y en defensa de sus reivindicaciones históricas, hasta los habitantes peruanos de Bagua, pasando por aymaras, kechuas, cunas y otros de diversas nacionalidades, reclamarán su protagonismo y harán sentir a opresores de diversas calañas la fuerza de un pelea que ya dura más de cinco siglos.