Por Adolfo Pérez Esquivel
Un querido hermano, compañero de luchas y esperanzas, quien fuera Obispo del Neuquén, Monseñor Jaime de Nevares; fue designado por voto popular para ser miembro de la Asamblea General Constituyente, para la reforma de la Carta Orgánica de la Nación en 1994.
Asumió la responsabilidad de contribuir a fortalecer la insipiente democracia que vivíamos y las instituciones del Estado para que cumplan el mandato al servicio del pueblo y de la soberanía nacional
Nos comunicábamos regularmente sobre la marcha de la Asamblea y las deliberaciones y comentaba sus preocupaciones al ver algunos dirigentes políticos, constituyentes, buscando defender sus intereses partidarios por sobre los intereses del pueblo. Estaba apenado al ver que esa posibilidad histórica de lograr una reforma constitucional profunda en bien de la vida y necesidades de nuestro pueblo, se perdía en los vericuetos de la mediocridad política y de intereses sectoriales.
Don Jaime era un hombre reflexivo, de gran serenidad y firmeza, conocedor de los problemas y necesidades del pueblo. Trató de aportar en la Asamblea como abogado y religioso su experiencia y compromiso de muchos años en la pastoral social impulsada desde la diócesis del Neuquén y su lucha por los derechos humanos y derechos de los pueblos, muy en especial de los pueblos originarios.
Un día, con gran sorpresa, nos llegó la noticia que el Obispo Jaime de Nevares y una abogada del Neuquén, electa como Constituyente, habían renunciado a sus cargos por no compartir el caminar de la Asamblea Constituyente y para no prestarse a traicionar al pueblo que los había votado.
A la semana viajé a visitarlo y conversar sobre su actitud y la sorpresa de su renuncia y le pregunté por sus motivos. Guardó un largo silencio y respondió: “Renunciamos porque eso era como fumarse un cigarrillo encendido por las dos puntas”.
En el tiempo, comprendidas las preocupaciones de Jaime de Nevares, la reforma constitucional nos ha transformado en un país no-nación, suplantando la soberanía nacional del pueblo por feudos provinciales donde los gobernadores hacen lo que quieren y no lo que deben. Continúan enriqueciéndose con la venta de tierras, los recursos y bienes naturales, a manos de empresas extranjeras, expulsando a los pobladores, campesinos y pueblos originarios, generando el hambre y enfermedades, con total y absoluta impunidad, principalmente la industria sojera. Los monocultivos y el uso de agro-tóxicos, la contaminación minera a cielo abierto, provocan daños ambientales irreversibles, afectando la producción de los pequeños y medianos productores rurales. Poblaciones como Andalgalá y Chilecito son ejemplo de la situación que viven y la resistencia de los pobladores a las empresas y los gobiernos provinciales, que responden con la represión a los reclamos sociales.
Quien fuera gobernador de Santa Cruz y presidente de la Nación Néstor Kirchner, fue un aliado de Carlos Menem para la privatización de YPF y para quedarse con las regalías petroleras. Una cosa son los discursos de barricada y otra la realidad que vive el pueblo.
El veto a la Ley de protección de los glaciales, por la presidenta de la Nación, puso en evidencia que privilegió el capital financiero de la Barrick Gold, en el proyecto binacional Pascua –Lama, y su alianza política con el gobernador de San Juan, José Luís Gioja. Estamos frente a gobernadores que cometen despojo de los recursos del país, como los de La Rioja, Jujuy, quienes amenazan al parlamento con recurrir a la justicia si el Senado aprueba la ley de protección de los glaciales. Otras provincias están en la misma posición de vender el patrimonio del pueblo. Queda en evidencia que el Estado Nación ha desaparecido y nos han llevado a la fragmentación del país provocando un riesgo enorme a la seguridad nacional, territorial y continental.
La presidenta de la Nación en la ONU defiende la soberanía y derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Compartimos esa posición, pero la pregunta angustiante es: ¿por qué se vende el territorio nacional a manos extranjeras?. Si se hace un catastro de las tierras vendidas y las por vender por los señores gobernadores feudales, es mucho más que todo el territorio de las Islas Malvinas. Pero guardan un silencio cómplice.
¿De que Nación, de que país y soberanía hablan? La hipocresía parece no tener fin. Las empresas mineras se llevan el 97 por ciento de los recursos con una simple declaración jurada y el “barro”, con minerales estratégicos, gratis.
Es urgente hacer una auditoría del patrimonio de los gobernadores en cada provincia y de los recursos negociados a espaldas del pueblo para saber a dónde son destinados esos fondos. No hay un catastro de las tierras provinciales y las nacionales.
Vuelvo al obispo Jaime de Nevares, “es como fumarse un cigarrillo encendido por las dos puntas”. La reforma constitucional convenía a los intereses para su re-elección de quien vendió el país, Carlos Saúl Menem, bajo el paraguas del Pacto de Olivos, y a la voracidad de los gobernadores y dirigentes políticos que han llevado al país a la actual situación de dependencia y sometimiento con total y absoluta impunidad.
Es preocupante que la Presidenta de la Nación quiera ridiculizar a la Corte Suprema de Justicia y ofrezca “refugio político” al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta en casa de gobierno. Esa actitud de soberbia no es buena para la gobernabilidad del país. El federalismo se fundamenta en la integración nacional y soberanía del pueblo, y no en la fragmentación, los gobernadores no son dueños de la tierra ni de los recursos de las provincias, todos esos bienes pertenecen al pueblo; hoy menospreciado a través del clientelismo político, los negociados de los feudos, la falta de respeto a las instituciones y poderes del Estado, lamentablemente desde el mismo poder ejecutivo.
Cabe recordar a Henry Thoreau quien señala que: “toda persona amante de la libertad debe ser respetuoso de la ley, y señala seguidamente que no toda ley es justa, las leyes injustas deben ser desobedecidas hasta su total nulidad”. En nuestras luchas sociales, muchos de nosotros lo tenemos claro, y asumimos el compromiso junto al pueblo, para no tener que fumar un cigarrillo encendido por las dos puntas; aunque no fumemos.
Los derechos humanos –derecho de los pueblos- deben ser respetados en todo el territorio nacional y el mundo. Es una lucha cotidiana. El gobierno en su afán de apropiarse de la política de derechos humanos, lo ha acotado al período de la dictadura militar, desde 1976 hasta 1983, no quiere mirar antes y menos la actualidad. Ha buscado la fragmentación y división entre los organismos.
Debemos asumir el compromiso de defender los derechos humanos en toda su integridad y como valor indivisible en la construcción democrática, con autonomía de todo gobierno de turno, en la lucha contra el hambre, el derecho a la soberanía alimentaria y la tierra, fortalecer las políticas públicas de los derechos de la infancia, los ancianos, las mujeres. Estamos en momentos decisivos para la lucha contra el hambre, el analfabetismo y la pobreza que aumenta en todo el país.
Es curioso que el cigarrillo encendido por las dos puntas no se apague y continúe quemando conciencias. En la reforma Constitucional de 1994, se establece la consulta popular y el plebiscito El parlamento nunca quiso votarlo, siendo una deuda pendiente con el pueblo a quien le escamotean ejercer sus derechos constitucionales negándoles la participación social y política. Los legisladores no han cumplido con el pueblo a pesar de los años transcurridos. El ejercicio democrático del pueblo puede poner límites al saqueo que hoy sufre el país. La lucha no ha terminado con la caída de las dictaduras militares en el continente. La deuda externa es una sangría permanente de recursos que debieran destinarse para la vida y desarrollo y que el gobierno continúa pagando con el hambre del pueblo. El golpe de Estado en Honduras es un alerta de alto riesgo para la vida de los pueblos, como la creciente militarización continental con bases norteamericanas
No tener claro hacia donde vamos, es fumarse un cigarrillo encendido por las dos puntas, que quema conciencias y responsabilidades, como decía el obispo Jaime de Nevares.