Por Hugo Blasco*
Luego de más de cinco años
de búsqueda apareció el cadáver de Luciano Arruga. ¿Podemos caracterizar su
desaparición y muerte como un caso penal más? ¿Podemos aceptar la
manifiestamente grosera inacción gubernamental?
¿Podemos considerar lógico
que la Justicia haya tardado años en caratular la causa como “desaparición
forzada de persona”? Podríamos seguir con los interrogantes.
Cuanto más se analiza el
accionar estatal más se concluye en forma terminante que se trata de un caso de
“violencia institucional”. Violencia de quienes lo secuestraron, lo torturaron,
lo asesinaron, de quienes ampararon a los responsables por acción u omisión.
Violencia de la justicia reaccionaria que lo despreció.
Lamentablemente tampoco tuvo
la repercusión mediática correspondiente. Y no es casual. Luciano era un chico
pobre, de una barriada humilde del Gran Buenos Aires, culpable salvo que
demuestre lo contrario.
En estos momentos no sólo se
impone investigar hasta llegar a la verdad. En medio de tantas voces que se
alzan alarmadas por hechos de inseguridad cotidiana la pregunta obvia es ¿a
quiénes les encomendamos la protección de nuestra seguridad? ¿Acaso el
asesinato de Luciano no es un gravísimo caso de inseguridad?
¿Es esta la policía que
necesitamos, siempre presta para el “gatillo fácil”, la tortura de los pobres,
la represión de quienes reclaman por sus derechos?
Estamos en una etapa pre
electoral. Se sucede el desfile de candidatos sonrientes por la televisión
prometiendo “mano dura” al delito, más recursos a la policía, más policías.
Pero nada dicen de esta policía, la real, la que existe. ¿Harán declaraciones
con caras compungidas ante esta revelación?
¿Qué tendrá para decir el
Gobernador Scioli?
Luciano Arruga no es la
única víctima. Muchos otros jóvenes pobres, abandonados a su suerte por un
Gobierno que privilegia el pago de la ilegítima deuda externa generada
mayoritariamente por la Dictadura, sufren la misma suerte que él.
A 30 años de la recuperación
del sistema constitucional es inaceptable que no se haya avanzado en la democratización
del Estado en particular la policía y la justicia. Casualmente, o no tanto,
actores principalísimos de esta tragedia junto al Poder Ejecutivo.
No sólo exigimos justicia
para Luciano con la condena para los autores intelectuales y materiales de su
asesinato.
También exigimos las
decisiones políticas que terminen con la estructura policial engendrada en la
dictadura y por una justicia transparente al servicio del pueblo.
*Secretario de Derechos
Humanos de la CTA y Secretario General de la AJB