La Central de Trabajadores
de la Argentina (CTA) bonaerense anticipó ayer en conferencia de prensa la
convocatoria a un paro activo y una movilización a la Casa de la Provincia en
la ciudad de Buenos Aires para el 12 de febrero. De no mediar respuestas, la
CTA realizará una medida de fuerza similar el 5 de marzo.
En ambos casos, se verían
afectadas dependencias de la administración central, hospitales, escuelas y
poder Judicial, entre otras. Los trabajadores reclaman apertura de paritarias y
cambios en las políticas sociales del gobierno de Daniel Scioli.
Tras la reunión de la mesa
provincial de la CTA, el secretario General de la ATE bonaerense, Oscar de
Isasi, encabezó el anuncio acompañado de los dirigentes del resto de las
organizaciones pertenecientes a la Central. Entre ellos, Viviana García de la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos
Aires (CICOP-CTA); Francisco Torres, de la Federación Nacional Docente
(FND-CTA) y Paquí Bernac de la Asociación de Personal Legislativo (APL-CTA).
Estuvieron presentes también
Jorge Castro, del gremio de los trabajadores telefónicos (UETTEL); Natalia
Robledo del Sindicato de Gastronómicos (NOS) y Mario Barrios dirigente de la
Mesa Nacional de la CTA y secretario General de la Asociación Nacional de
Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA). Todos ellos en representación también
de las seccionales disidentes de SUTEBA (Educación); Asociación Judicial
Bonaerense (AJB-CTA); sindicatos del sector privado como los Agentes de
Propaganda Médica (AAPM); trabajadores de la energía nucleados en FETERA y
organizaciones sociales.
El plan de lucha definido
por la CTA bonaerense es en protesta a la ausencia de respuestas a la
convocatoria de paritarias y el ajuste que el gobierno provincial aplica sobre
los trabajadores del Estado y los sectores más empobrecidos de la población.
Así lo justificó de Isasi y exigió en este sentido “el cambio de rumbo de las
políticas públicas bonaerenses para que sean más inclusivas y la apertura de
paritaria para poder incrementar los salarios con urgencia ante la pérdida de
poder adquisitivo”.
De Isasi expresó además “que
la provincia no puede seguir postergando la situación de los estatales. En
materia laboral, Scioli mandó a la legislatura un presupuesto equivalente a 6
mil cargos menos en planta permanente. El ministerio de Desarrollo Social, por
su parte, mantiene la reducción presupuestaria de 2013. Es decir que volverá a
ser una cartera fantasma”.
Por su parte, Viviana García
de CICOP, explicó que el salario básico de un profesional ingresante de Salud
debe alcanzar los 10 mil pesos. Hoy, según detalló la dirigente, un ingresante
cobra 7 mil pesos que con la devaluación del peso, la inflación prevista y la
política de ajuste sobre otros aspectos de la cotidianeidad no puede ser menor
a ese básico demandado.
Francisco Torres, en tanto,
manifestó el enojo de los trabajadores de la Educación sobre la decisión del
Ejecutivo provincial para que vuelvan el 12 a las aulas, habiendo postergado el
llamado a paritarias. Asimismo, reclamó un sueldo no menor a los 9 mil pesos,
amparándose en el incremento otorgado a los policías en diciembre pasado.
Por último, Paquí Bernac de
la APL sostuvo que la CTA pretende la reapertura automática de la discusión
paritaria cada tres meses.