Compañeros,
queríamos compartir con enorme felicidad el discurso de la Diputada Nacional de
la CTA por Unidad Popular (UP), Graciela Iturraspe, en el recinto de la Cámara
de Diputados de la Nación sobre la aprobación, en el día de ayer, de la “Ley de
Resarcimiento a los Ex-Presos Políticos.
“Hoy
venimos a tratar la Ley de Reparación para Ex Presos Políticos y a recordar a Ricardo Scalet, Richard, quien
fuera impulsor de la ley que está a punto de ser sancionada. Scalet fue el
presidente de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, y falleció imprevistamente
el pasado 28 de marzo, a los 56 años, mientras se hallaba en La Rioja con
motivo de la inauguración de la Casa de la Memoria, en fecha coincidente con un
nuevo aniversario del golpe militar.
La reparación monetaria es una forma de
reparación. Esta, junto con la verdad y la justicia, son uno de los elementos necesarios para que la
sociedad y las personas, se planteen, se interpelen, en esa necesidad imperiosa de restituir
derechos, indemnizar, colaborar con la rehabilitación y dar garantías de no
repetición.
Pero
para avanzar en esta dirección es necesaria una ley de la Nación que en letra y
espíritu, reconozcan a los militantes de antaño
y de ahora, como víctimas del
terrorismo de Estado.
Entendámonos,
ningún militante se siente víctima por su práctica, en aras de transformar la
sociedad, por una más justa e inclusiva, aun a sabiendas de los riesgos que en
distintas etapas históricas esto conlleva.
El
tema es que en la Argentina, digámoslo alto y claro, la Doctrina de la
Seguridad Nacional, asesinó, torturó, vejó, violó y desapareció.
Aplicó
políticas apuntando a la desintegración personal de los detenidos políticos,
los aisló, les prohibió la comunicación con el mundo exterior, sacando esporádicas
y controladas visitas, solo de los familiares directos a través de vidrios y micrófonos.
Fomentó
la desintegración familiar, trasladándolos de cárcel en cárcel, a lugares
remotos, donde solo unos pocos familiares podían llegar.
Limitó
el acceso a las noticias y a la lectura, los sometió a larguísimos períodos de
aislamientos y hasta impedía la actividad física y la gimnasia.
Las
brutales requisas, la imprevisibilidad de las reglas y las normas, contribuían
a un estado de zozobra permanente.
Este
sistema de detención, es el que venimos hoy a reparar con esta pensión, para
esos hombres y mujeres, que privados de la libertad en su juventud, en su etapa
de formación, salieron de los establecimientos carcelarios ya adultos, deseosos
de repararse desde lo emocional y afectivo, priorizaron la formación o
recuperación de sus familias, y hoy , cuarenta años, después se encuentran con
una edad avanzada, necesidad de sostenerse, de una obra social y
mayoritariamente sin condiciones de obtener ni siquiera una jubilación.
La reparación es un modo de que las víctimas de crímenes de lesa humanidad
vean compensados los daños sufridos.
Es
un intento de que esta militancia sea definitivamente reconocida, desde
entonces hasta ahora, en que se sigue poniendo el cuerpo, en los juicios, en
las charlas en las escuelas y universidades, en la solidaridad activa con los
que más sufren y con los propios pares que tienen más necesidades.
Esta
reparación viene a reparar parcialmente las secuelas hasta hoy y por siempre
presentes en cada uno de ellos, físicas, emocionales y afectivas.
Esta
ley nacional iguala a los ex presos políticos de todas las provincias, ya que
hasta hoy sólo contaban con regímenes reparatorios similares las provincias de
Buenos Aires y Santa Fe. El monto de la asignación mensual se ajustará en
relación con la categoría más baja de los empleados de la administración
pública nacional, y quienes ya cuenten con el beneficio de alguna ley
provincial tendrán la posibilidad, si lo desean, de acogerse al nuevo régimen.
Por
todo ello planteo el convencido acompañamiento de mi bloque a esta iniciativa y
agradezco a los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de Previsión,
la posibilidad de haber trabajado el consenso para que esta ley se haga
realidad”.