ECUADOR-
Cuentas de Correos electrónicos de 100 personas vinculadas al juicio por daños
ambientales serán entregadas a Chevron
Quito,
18 de julio de 2013.- El Juez estadounidense Lewis Kaplan, ordenó a las
empresas Microsoft, Yahoo y Google, la entrega a Chevron, de los datos
personales (incluye IP y contenidos) de los correos electrónicos de personas
vinculadas al juicio ambiental por el que fue condenada la petrolera en
Ecuador.
Este
es un hecho de graves consecuencias, que vulnera los derechos más elementales
de quienes están abocados desde hace más de 20 años en reparar el Amazonas
ecuatoriano. Esta medida le permitiría a esta empresa tener acceso a sus
cuentas particulares, conversaciones privadas, intercambios con sus familias y
amigos, llegando a violar la intimidad de los implicados.
La
orden del juez está dirigida a unas cien personas, entre las que están
abogados, miembros de los afectados, personas de los equipos técnicos que
apoyan al caso, periodistas y activistas de diversas partes del mundo, en un
intento por amedrentar y ahuyentar a todos quienes tengan acercamiento con los
más de 30 mil afectados, indígenas y colonos del Amazonas ecuatoriano.
Lewis
Kaplan, juez de la Corte
de Nueva York, es cuestionado por su parcialización en favor de Chevron a
través de disposiciones que rebasan su jurisdicción. Muchas de sus resoluciones
han sido cuestionadas y revertidas tanto por el Segundo Circuito de Nueva York,
como por la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos.
En
esta disposición dictada Kaplan argumenta que las 100 personas inmersas en esta
orden, no tienen el derecho a mantener la privacidad de sus cuentas, puesto que
por no ser ciudadanos norteamericanos, para ellos no aplica la Primera Enmienda.
Según Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, esta es una
inobjetable muestra de racismo, “que nos lleva a pensar que quienes no son
norteamericanos no tienen derechos”.
Fajardo
aclara que esta decisión del juez norteamericano viola varios derechos al
haberse extralimitado en sus competencias, puesto que no es posible aplicar
esta medida sobre personas que no están bajo su jurisdicción; al hacerlo ha
violado el derecho a la defensa de los implicados, que no han podido comparecer
a su corte y el derecho humano a la confidencialidad, al secreto profesional e
intimidad de las personas, puntualizó.
Ante
esta situación, Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados/as por
las operaciones de la petrolera, alertó a la población sobre estas
vulnerabilidades y pidió poner más atención cuando se manejan cuentas en
empresas que tengan sus sedes en Estados Unidos, a la vez que insistió que los
demandantes no tienen nada que ocultar, pero sí les preocupa el grave
precedente jurídico que sienta esta violación a los derechos humanos. “Lo que
sí nos preocupa es la manipulación y distorsión que hará Chevron a la
información privilegiada y confidencial que pueda obtener”, dijo al recordar
que no sería la primera vez que manipule y use de manera indebida datos con el
fin de “fabricar supuestos actos indebidos” y conocer la manera de trabajar de
los demandantes.
Esta
nueva violación a los derechos humanos perpetrada por la petrolera, considerada
como la más “opaca del mundo” según lo revelan diversos estudios, se suma a una
larga lista registrada durante 40 años, que incluyen desde desplazamientos
forzados a poblaciones ancestrales, desaparición de dos pueblos indígenas,
malos tratos e incluso violaciones a mujeres, como primeras evidencias de una
forma irresponsable de relacionamiento con la petrolera, que además produjo
cambios en las estructuras sociales y debilitamiento de las formas de vida de
las culturas indígenas que fueron sumidas en la pobreza y humillación.
La
actitud racista con la que operó en el Amazonas ecuatoriano, les llevó a
utilizar tecnología deficiente, que provocó grandes niveles de contaminación y
que generó el desplazamiento y extinción de muchas especies de animales la
disminución de caza y pesca; además de la pérdida de importantes reservas
naturales. Todo esto fue comprobado durante el juicio ambiental, que durante 20
años acumuló más de 230 mil hojas, en las que se incluyen más de 106 informes periciales,
60 de ellos pagados por la propia petrolera; más de 80 mil resultados químicos
de muestras de suelo y agua; 40 testimonios de pobladores; y verificaciones de
campo realizadas por los jueces que conocieron el caso.
En
el proceso se establece que se construyeron, sin ningún tipo de recubrimiento,
más de 880 fosas para el almacenamiento de crudo y agua tóxica, a las que
instalaron “cuellos de ganso”, para que desfogaran en ríos, esteros y lagunas;
en ellos además se arrojaron más de 16 mil millones de agua tóxica, a lo que se
suman los 650 mil barriles de crudo regados directamente a la selva.
Como
resultado el incremento en los índices de enfermedades mortales como el cáncer,
que afecta a la población, incluidos niños que son víctimas de leucemia, en un
índice 3 veces superior al resto de Ecuador; tasas de aborto espontáneo que
crecen exponencialmente; dermatitis, problemas estomacales y digestivos.
Durante
el proceso ha sido evidente y comprobada la violación del derecho a la justicia
de los demandantes, para lo cual Chevron ha utilizado una multiplicidad de
estrategias que van desde las presiones políticas y económicas sobre los
gobiernos y los sistemas judiciales; acosos, amenazas, persecuciones a los
demandantes y sus equipos técnicos y de apoyo; compra de testigos falsos,
coacción sobre aliados al caso, para finalmente esconderse en un infamante
juicio que se lleva en Estados Unidos, contra las víctimas.