Entrevista a Maristella Svampa*
Y
por si todo esto fuera poco, como el gas y el petróleo convencional se están
agotando, para extraer lo que queda de ellos se utiliza el llamado fracking que
radica en introducir innumerables litros de agua, sustancias químicas altamente
tóxicas y arena para romper la roca que atesora los hidrocarburos. De todos
estos temas habló la socióloga y escritora Maristella Svampa en
diálogo con el periódico de la
CTA.
-En
15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina , guía para
desmontar el imaginario prominero, ustedes hablan de las mentiras sobre las que
está construido el discurso que sostiene el extractivismo a gran escala,
¿cuáles son los ejemplos más paradigmáticos?
Conviene aclarar que
se trata de un libro colectivo, producto de nuestra intervención en el debate
legislativo para aprobar la
Ley Nacional de Glaciares, en septiembre de 2010. Cuando el
tratamiento pasó de la Cámara
de Diputados al Senado, nos encontramos con que no sólo había mucho
desconocimiento sobre el tema, sino también una fuerte embestida de los voceros
de la minería, desde gobernadores hasta la cámara empresarial minera. Estos
señores utilizaban su poder de lobby en los medios para hablar de las bondades
de la megaminería, incurriendo en todo tipo de falsedades y terrorismo
estadístico. Fue por eso que, con varios colegas, entre ellos Enrique Viale
(abogado ambientalista), Marcelo Giraud (géografo) y Horacio Machado
(politólogo), decidimos contestar esas mentiras punto por punto, buscando datos
y desarrollando argumentos. Así nació el libro, inspirado en un texto corto de
la periodista canadiense Jeniffer Moore, sobre los mitos de la minería. El libro
tuvo mucha repercusión; tal es así que va por su tercera reedición, fue
publicado en Uruguay y Ecuador y ahora está por tener su versión peruana. En
Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo
(Killaricocha) y, en nuestro país, un documental, el de Germán Ciari,
“Desiertos de Piedra”, estrenado este año.
Entre
los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los económicos son los
más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de
trabajo. En realidad, la minería a gran escala es una actividad económica
capital-intensiva, pero no trabajo-intensiva. Así, por cada millón de dólares
invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. En Argentina, la
minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Sin
embargo, en 2011, la
Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la
actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los últimos
datos elaborados por mi equipo de investigación, tomando como base el Boletín
Anual de Empleo y Empresas 2011, elaborado por el Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social, la actividad minera, para ese año, totalizaba unos 28.743
puestos de trabajo directo. Estamos muy lejos de las cifras difundidas oficialmente.
Así, una de las estrategias es inflar las estadísticas para tratar de crear en
la población la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de
empleo.
Otro
de los mitos consiste en asociar minería y motor de desarrollo. Sin embargo, la
megaminería está lejos de promover el desarrollo regional. Más bien, compite
por agua y recursos con la agricultura, la ganadería y el turismo, y produce
fuertes procesos de reconfiguración territorial, que llevan a la consolidación
de enclaves de exportación, que no generan encadenamientos endógenos,
dependientes del mercado internacional. Vean el caso de Bajo La Alumbrera , la principal
exportadora en Catamarca desde 1997. Pese a ello, esta provincia sigue siendo
una de las más pobres del país, con altísimos niveles de empleo público y
personas asistidas con planes sociales.
Esto
sucede también en Santa Cruz, provincia de enclaves, donde la minería está
lejos de ser motor de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno
provincial reclamó a las corporaciones mineras que “invirtieran más dinero” en
un fondo de Responsabilidad Social Empresarial. Les pedía 14 millones de pesos
por mes para financiar los 14 hospitales de la provincia, poniendo en evidencia
la profunda crisis del Estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de
empleados públicos. Las empresas rechazaron el pedido y eso llevó a una
situación de máxima tensión con el gobernador, luego abandonado por el poder
ejecutivo nacional.
La
expansión de la megaminería confirma la ecuación “exiguos ingresos fiscales
versus enormes ganancias empresariales”. No por casualidad, en 2011 Catamarca
continuaba recibiendo del Estado Nacional, es decir del conjunto de los
argentinos, el triple de fondos que Mendoza, y San Juan, el símbolo de la
megaminería, el doble.
-Ustedes
también hablan de la colonización que los grandes poderes económicos producen
en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en
general, ¿cómo se plasma esa colonización en lo concreto?
Las grandes empresas
buscan en las universidades socios estratégicos, en algunos casos, como el de
aquellas ligadas al modelo minero, para obtener la legitimación que la propia
población les niega. Por ejemplo, Bajo La Alumbrera , pionera en esto, firmó varios
convenios con universidades públicas, que incluyen cláusulas de
confidencialidad. Hoy, la empresa Apache, que explota gas no convencional en
Neuquén, y tiene conflicto con comunidades mapuches por haber ingresado a sus
territorios sin autorización ni consulta previa, firmó un convenio con la Universidad Nacional
del Comahue, donde donó una biblioteca. Se configuran así unidades de negocios
entre ambas, bajo el paraguas no sólo de una concepción lineal y productivista
del desarrollo, sino también de un discurso asociado a la responsabilidad
social de las empresas (RSE).
También
hay que decir que esta estrategia de mercantilización del saber encontró
obstáculos, ya que las universidades y el propio sistema científico están lejos
de ser homogéneos. Por ejemplo, en 2009, se abrió el debate en relación a los
fondos de La Alumbrera ,
el emprendimiento minero más cuestionado del país, y la gente en las
universidades se enteró que la Universidad Nacional de Tucumán era socia del
mismo, a través del YMAD (Yacimiento Aguas del Dionisio), y que las
Universidades Públicas recibían parte de esos beneficios, desde 2007. Ese
debate posibilitó la socialización de saber y obligó al conjunto de las
universidades a posicionarse en relación a esta actividad. Algunas, como la Universidad Nacional
de Córdoba, fueron ejemplares en esto, fundamentando el rechazo de los fondos
mineros luego de un debate amplio e interdisciplinario. Pero en muchas
universidades, hubo y sigue habiendo un doble discurso. El llamado progresismo
académico evita discutir cuestiones que ponen en el tapete el rol de la
universidad pública y problematizan su vínculo con los movimientos sociales.
Queda claro, son temas en los que el oficialismo no tiene un discurso nacional
y popular que ofrecer.
-¿Qué
se sabe de la nueva relación entre Chevron e YPF en función de la explotación
del yacimiento Vaca Muerta?
Vaca Muerta es uno de
los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que está en la cuenca del
Neuquén. Pero bueno es decir que es una buena parte del territorio nacional que
estaría comprometido por este tipo de explotación. Para el caso de Vaca Muerta
sabemos que, por el momento, la asociación con Chevron no fue posible, ya que
esta última fue embargada por 19.000 millones de dólares, debido a una
sentencia que tiene en Ecuador (cuando era Texaco), por el delito de
contaminación y de violación de derechos indígenas. Gracias a los tratados de
reciprocidad que la
Argentina tiene con Ecuador, la justicia de este país dio
curso al embargo y puso en duda el acuerdo de inversión conjunta por 1.000
millones de dólares entre Chevron e YPF para avanzar en 100 perforaciones de
shale gas en Vaca Muerta. Así, YPF tendría que buscar nuevos socios.
En
un momento se hablaba de PDVESA. Conviene aclarar que los costos operativos de
una explotación de gas no convencional, mediante fractura hidráulica o
fracking, superan largamente los de un pozo convencional; con lo cual estos
exigen enormes subsidios del Estado (como sucede en Estados Unidos), o
asociación con grandes empresas del sector. Hay expertos que sostienen que para
que el fracking sea rentable para dichas empresas, habría que modificar el
marco regulatorio de la actividad, tal como sucedió en Ucrania y otros países,
de la mano de la USAID. Y
esto también sería difícil de justificar en clave nacional y popular.
-¿Cómo
se puede explicar lo que es el fracking y qué consecuencias tiene para el medio
ambiente y las economías regionales?
El gas y petróleo
convencional se han ido agotando y lo que queda hoy es el llamado “no convencional”
(esquisto o pizarra, shale, arenas compactas, tight), el cual puede extraerse
mediante el uso de la controvertida metodología de la fractura hidráulica o
fracking que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, sustancias
químicas tóxicas y arena, a elevada presión, a fin de producir micro-fracturas
en la roca madre que almacena los hidrocarburos.
Las
consecuencias ambientales son de corto plazo: la experiencia en Estados Unidos,
por ejemplo, muestra la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con
gas metano; la activación de fallas geológicas que originan movimientos
sísmicos, el impacto sobre la salud de las personas y los animales, entre
otros. Por otro lado, hay una reconfiguración del territorio y una devaluación
de las economías regionales: un caso concreto es el Alto Valle de Río Negro,
donde quiere explotarse el gas no convencional, entre perales y manzanas.
Allí
empresas como Apache apuntan al eslabón más débil, los chacareros pequeños, a
quienes rentan o compran parte de sus tierras para hacer perforaciones. El caso
es que estas zonas no solo conocen la contaminación, sino el ingreso masivo de
una actividad extractiva que golpea a la economía frutícola, basada en la
exportación, debido a que en poco tiempo los productores no podrán cumplimentar
las rigurosas exigencias sanitarias del mercado internacional.
-¿Existen
experiencias de explotación minera ’sustentable’? Y en ese sentido, ¿qué
opinión tiene de la economía verde, es decir, es posible construir un
equilibrio entre capitalismo y vida?
No hay una única forma
de explotación minera, ni las resistencias sociales se oponen a “todo tipo de
minería”. Los conflictos y las resistencias se centran sobre un tipo específico
de explotación: la minería transnacional a gran escala, mayormente practicada
“a cielo abierto”. Y este tipo de minería es insustentable por definición.
La
megaminería es un “modelo” que hay que mirar en su integralidad, lo cual
implica incorporar en su valoración diferentes aspectos –sociales, económicos,
sanitarios, ambientales, culturales y políticos-. En términos ambientales, la
utilización de sustancias químicas, de toneladas de explosivos, la gran
cantidad de agua y electricidad que requiere, la hacen insustentable. Respecto
de la dimensión socioeconómica, las empresas tributan muy poco, pero además
tienen un impacto destructivo sobre otras actividades económicas (con las
cuales compite por agua y tierras), y van generando enclaves de exportación.
Hay
una dimensión cultural ligada a los procesos de “contaminación” social y
cultural que se producen, visibles en la división de la comunidad, en el
clientelismo empresarial, en la explosión de conflictos sociales, entre otros.
Hay, por último, una dimensión política del modelo, en la medida en que nos
encontramos con emprendimientos que avanzan de arriba hacia abajo, que ocupan y
reconfiguran territorios enteros, sin consenso de las poblaciones, y en no
pocos casos, violentando procesos de decisión ciudadana.
Todo
esto hace difícil hablar de “correcciones”, a menos que pensemos desde un
escenario de transición de salida del extractivismo. Pues si pensáramos en
correcciones como, por ejemplo, la aplicación de gran parte de la normativa
ambiental existente (que incluye el principio precautorio), este tipo de
minería no sería posible. Por otro lado, si pensáramos en una reforma del marco
regulatorio de la minería, si se hiciera pagar a las empresas por el agua y la
energía que consumen, si se aplicara un impuesto a las sobreganancias, muy
probablemente este tipo de megaminería dejaría de ser rentable para dichas
empresas.
-¿Cómo
sigue la resistencia de las Asambleas Ciudadanas que han logrado frenar
proyectos megamineros como en el Cerro Famatina? ¿Qué otras experiencias de
resistencia hay en el país?
El panorama es muy
cambiante y complejo. En realidad, desde la pueblada de Famatina, en enero de
2012, y luego de un período de exposición mediática nacional, hubo un nuevo
realineamiento entre poder económico, político y mediático en favor de la
megaminería. El gobierno nacional se expresó abiertamente a favor; de espalda a
las poblaciones y los gobernadores conformaron OFEMI (Organización Federal de
Estados Mineros). Todo apuntó a cerrar el debate a nivel nacional, con lo cual
las luchas quedaron nuevamente encapsuladas en la escala local y regional.
Recordemos que hay siete leyes provinciales que prohíben la megaminería, con algún
tipo de sustancia química. A fines de 2011, en Río Negro se derogó la “ley
anticianuro”, como la llamaban y se avanzó en la explotación minera en la zona
de la meseta. En Chubut también buscó derogarse la ley 5001, que fue la primera
en prohibir la megaminería (justo ahora se van a cumplir 10 años), pero ahí la
resistencia de la población fue tal, que finalmente el gobernador Buzzi no pudo
imponer la reforma del marco regulatorio.
En
La Rioja , la
megaminería, pese a que está detenida en Famatina, es política del Estado
provincial: Si ustedes encienden la televisión, verán que el dibujito que da
las buenas noches a los niños riojanos es un minerito… En Catamarca se avanza
con otros proyectos, más allá del fracaso de Bajo La Alumbrera y la fuerte
oposición que hay en Andalgalá. En Tinogasta me han dicho que las empresas
están realizando una campaña de cooptación increíble, cuando gran parte de la
población hasta hace poco tiempo se oponía.
En
fin, hay numerosas resistencias en el país, son más de cien las asambleas
contra la megaminería, y a nivel regional, sigue habiendo muchas acciones
conjuntas. Esa acumulación de luchas socio-ambientales se hace visible en el
nuevo capítulo de conflictos que se abre con la explotación de los
hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking. Así, hay asambleas en
Entre Ríos y en toda la
Patagonia , donde se presentaron acciones de amparo y
proyectos de ordenanza para prohibir el fracking.
La
idea de lanzar una consulta popular sobre los bienes comunes nació en Mar del
Plata a fines de 2012 en una reunión de conducción nacional. Lo que se busca,
así como lo fue con el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) hace 20
años, es que el pueblo argentino responda a una pregunta clara y concisa pero
contundente sobre su posición en torno al modelo extractivista.
“El
objetivo es que el pueblo pueda expresar con total claridad el rechazo del
pueblo que hemos visto en la diversidad de luchas que hubo en todo el país y
que descontamos que se va a dar en caso de una consulta. Pero también queremos
responsabilizar al poder político institucional de este país que habla de
democracia, que habla de progresismo, que habla de participación popular pero
que le tiene miedo al pueblo al momento de la toma de decisiones en cuanto a
los recursos naturales”, dijo Normando “Piojo” Ocampo, secretario general de la CTA de La Rioja y uno de los
encargados de organizar la consulta.
Hace
unos días, representantes de las distintas provincias del país se reunieron en
la sede de la CTA
Nacional para unificar criterios sobre la campaña para la
consulta en la que “se pone en cuestionamiento el modelo productivo de país que
queremos respecto a las políticas extractivitas que hay actualmente: el saqueo,
la contaminación de la mega minería, las fumigaciones y las consecuencias que
genera el monocultivo sojero, el petróleo con el sistema del fracking, entre
otros”, agregó Fernando “Nando” Acosta, secretario de Interior de la CTA y otro de los responsables
de llevar adelante el plebiscito.
“Hay
que ver si queremos una política extractiva de saqueo y contaminación o una
política de soberanía de los recursos naturales o bienes comunes”, agregó
Acosta. “Unos tienen problemas con la mega minería, otros tienen problemas con
el fracking, el vaciamiento de las comunidades originarias, la contaminación
que genera el monocultivo de la soja, etcétera. Encontrarnos y profundizar en
cada una de ellas implica poder pensar el conflicto de manera integral y
avanzar conjuntamente en una Campaña por una consulta popular en defensa de
nuestros bienes comunes” concluyó el secretario del Interior de la Central.
*Artículo
publicado en el Periódico de la
CTA N º 93, edición correspondiente al mes de abril de 2013