Luego de discutir durante
meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que
efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas
y afro-descendientes, y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos
avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que
necesariamente tendrán que ser retomadas, antes de la concreción de un acuerdo
final.
Las reivindicaciones
históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas, fueron
bandera al viento en nuestras manos, y argumento para el debate en la Mesa de Conversaciones. Nos
erigimos en voz de las gentes del común, de los campesinos sin tierra frente a
las alambradas de las grandes propiedades, de las comunidades rurales resueltas
a defender su territorio amenazado por la depredación minero-energética de las
trasnacionales… Las Cien Propuestas mínimas orientadas al DESARROLLO RURAL Y
AGRARIO PARA LA
DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE COLOMBIA, son una
muestra fehaciente de la profundidad de nuestro compromiso. Allí están
plasmadas las ideas de justicia que los de abajo han querido que se les escuche
y se les reconozca.
Luego de 22 años de vigencia
de una Carta Magna que consagró derechos en el papel, mientras desató su
política neoliberal generadora de miseria, desigualdad y violencia, es hora de
exigir que la letra muerta de beneficio social de la Constitución y la Ley , resuciten, recobren vida,
y sea cumplida por las elites empotradas en el Estado.
En La Habana estamos abriendo una
senda para que el pueblo actúe, se movilice, en defensa de sus derechos y siga
haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la
paz. Pero preocupa que mientras las mayorías claman reconciliación y expresan
sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de
medidas y políticas económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad
de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad, y continúen
cayendo compatriotas, de lado y lado, en una guerra de medio siglo que urge una
salida política.
Este acto de cierre de un
ciclo temático es al mismo tiempo la apertura al trascendental debate en torno
a la democracia colombiana. Muchas preocupaciones orbitan nuestra conciencia de
voceros de los anhelos populares con relación al trascendental asunto de la Participación Política ,
que abordaremos en la Mesa
de Diálogo de La Habana
a partir del 11 de junio.
Urgentes cambios
estructurales están tocando las puertas del Estado, reclamando participación
ciudadana en las decisiones y en la adopción de políticas que comprometen su
futuro de dignidad. Tenemos que volver la mirada hacia nuestros orígenes, para
encontrarnos con la enseñanza del Libertador que nos dice que “La soberanía del pueblo es la única
autoridad legítima de las naciones”, que “El destino del ejército es guarnecer
la frontera. ¡Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos!
Basta la milicia nacional para conservar el orden interno”, “las minas de
cualquier clase, corresponden a la
República ”, y, “La hacienda nacional no es de quien os
gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso
que han hecho de ellos”.
En las actuales
circunstancias nos preocupa, por ejemplo, la captura del Estado por parte de
grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo
mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa
violenta de sus capitales, más allá de los límites de lo infrahumano.
Una suerte de
“macrocriminalidad”, en la que reinan la corrupción y la impunidad, se ha
apoderado del Estado colombiano. Sigue éste enredado en la telaraña de la
ilegalidad narco-paramilitar. Y pululan todavía los comisionistas que hacen el
puente entre el Estado, empresas legales y la ilegalidad, para lavar activos,
celebrar contratos, robar los recursos de la salud, y saquear las arcas de la
nación.
Todos estos, son elementos
que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución
diferente a la guerra, pero confiamos en la sabiduría de las organizaciones
sociales, políticas y populares de Colombia, que sabrán desbrozar el camino
hacia la paz.
El esfuerzo colectivo por la
paz de Colombia tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante
rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra
reconciliación a perpetuidad.
El Estado colombiano espera
una transformación estructural profunda, que complemente medidas trascendentales similares a las que
ahora hemos acordado, como la de la formalización progresiva de todos los
predios que ocupan o poseen los campesinos de Colombia.