EUSKAL HERRIA- El Tribunal
Supremo español ratificó ayer la sentencia de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional
en setiembre de 2010 a
ocho jóvenes donostiarras por formar parte de la organización juvenil Segi. Los
condenados son Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola,
Adur Fernández, Oier Lorente, Mikel Arretxe y Egoi Alberdi.
El Alto Tribunal sí estima
el recurso de casación presentado por los otros siete enjuiciados -Ekaitz de
Ibero, Igor Álvarez, Urko Pikaza, Asier Mariezkurrena, Unai Pérez, Pello
Lamarka y Beñat Apalategi-, por lo que decreta su absolución.
Los magistrados diferencian
entre la «militancia activa» en Segi y la «mera adscripción», castigando la
primera al considerarla «un delito de pertenencia a organización terrorista».
Los afectados comparecerán este mediodía en el Boulevard para exponer su
análisis y explicar qué iniciativas van a tomar de ahora en adelante.
Estos jóvenes fueron
detenidos en varias redadas que tuvieron lugar a finales del año 2007. Las
circunstancias de cada uno han sido diferentes, ya que algunos fueron
incomunicados y otros no, algunos denunciaron haber sufrido malos tratos, una
parte ingresó en prisión preventiva, donde permaneció una media de año y medio.
En julio de 2010 se celebró
el juicio en la
Audiencia Nacional , y la sentencia salió en setiembre. Los
quince que resultaron condenados recurrieron al Supremo. La vista tuvo lugar un
año después, en setiembre de 2011, y el Supremo ordenó a la Audiencia Nacional
que volviera a redactar la sentencia por ciertos defectos de forma en lo
relativo al derecho a la defensa. La Audiencia Nacional
emitió una nueva sentencia y los jóvenes la recurrieron. La vista definitiva se
celebró el pasado febrero y ayer el Supremo hizo pública su decisión.
La sentencia suscitó
numerosas declaraciones de rechazo como la del Gobierno municipal de Donostia,
localidad de la que todos los encausados son vecinos. Cabe recordar que el 20
de febrero la comisión de Derechos Humanos ya aprobó, con votos de Bildu y PNV,
un texto en el que se reclamaba la absolución al entender que las acusaciones
hacían «tambalear el respeto al derecho de reunión y participación política o
la libertad de expresión». La coalición EH Bildu, sus partidos y los sindicatos
ELA y LAB también remitieron sendas notas para expresar su crítica a esta
decisión judicial.