Dice Fuentes en esa nota:
"Estamos en democracia. No está bien espiar a los dirigentes sociales ni
criminalizar la protesta. Ellos son los que deben salir de la ilegalidad. La Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) es el gremio que tiene más menciones en el listado que hizo la Gendarmería sobre las
“Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales
monitoreadas por la fuerza”.
Sentirse espiados,
observados en toda la estructura de su organización, ha despertado una
“profunda preocupación” entre los afiliados al gremio estatal, que suman 220
mil en todo el país.
“Nuestras actividades son
públicas: hacemos asambleas en los pasillos de un hospital, en recintos
abiertos, discutimos públicamente nuestras decisiones, nada de lo nuestro es
secreto.
Se habrán metido fácilmente
a mirar, pero una cosa es eso y otra es este accionar, con señalamientos
ideológicos, que se utilizan además para denunciarnos ante la Justicia ”, advierte
Fuentes, quien afronta un juicio por “coacción agravada” por incidentes que se
produjeron en una movilización en Neuquén, a comienzos de 2002.
“Tenemos 380 compañeros
procesados. No es posible que quieran resolver una huelga con el Código Penal”,
dice Fuentes, que preside actualmente la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Estatales.
ATE pedirá esta semana ser
parte querellante en la causa que investiga el espionaje de Gendarmería. Según
la investigación judicial, los partes de inteligencia mencionan a trabajadores
de distintas ramas del gremio estatal: los trabajadores del Teatro Colón, los
empleados del INDEC, los del SENASA, los de la Administración Pública
Nacional, los que se desempeñan en el Ministerio de Trabajo, los que trabajan
en el PAMI, en la
Administración de Parques Nacionales y los que militan
también en la Central
de Trabajadores de la
Argentina (CTA), que transitó la década kirchnerista sin
haber conseguido el reconocimiento legal que tantas veces le prometieron.
En las movilizaciones del 25
de febrero pasado, ATE reclamó aumentos de salarios, equiparación de las
asignaciones familiares y el 82% móvil para los jubilados.