Mañana, viernes 22,
distintas organizaciones realizaran un escrache a la Casa de Córdoba en reclamo
de la libertad de los presos de Corral de Bustos, la sita es a las 12horas en Callao 332, Capital Federal.
El 4 de diciembre del 2006 en la localidad de Corral de Bustos (Córdoba), se produjo una pueblada en contra de
Unos 2000 vecinos del pueblo
se concentraron ante el Juzgado para expresar su repudio, ante la negativa del
Fiscal de salir a dialogar con los manifestantes se rompieron los vidrios del
Juzgado. Pero la Pueblada
estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para
reprimir a los manifestantes. Si bien la pueblada podía haber sido leída por el
poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel,
la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión
y la judicialización de la protesta. En pocos días comenzó en el pequeño pueblo
una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado más de 40
detenidos, que fueron encarcelados en el Complejo Penitenciario de Villa María
(ciudad ubicada a unos 180 km
de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una
sensación de temor permanente hacia los manifestantes que el día de la pueblada
estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría
nuevas órdenes de captura. Luego de un intrincado recorrido judicial de la
causa, viciada por innumerables irregularidades el caso se llevó a juicio en
septiembre del 2011.
El resultado del mismo tiene
para la justicia del Gobernador De la
Sota , juez y parte en este caso, un claro sentido
"ejemplificador".
Los compañeros fueron
condenados a diversas penas. Ellos son:
Víctor Barbero (abogado) y
Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de
siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los
Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006.
Rubén Omar Astudillo
(maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron
condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente
responsables de los delitos de los daño calificado e incendio".
Juan Marcelo Farías
(jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito
de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva. Estos
compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba.
Ademas, seis de ellos fueron
condenados a penas de cumplimiento condicional:
Karina Marcela Ripoll
(enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada
a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Pedro Nicolás Dobba
(empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna
(jornalero) y Julio Cesár Suárez (empleado de comercio), fueron encontrados
coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron
una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Mientras, Hugo Daniel Dobba
(jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución
condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por
los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH) por múltiples
irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces.