El presidente de Bolivia,
Evo Morales, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionaron este domingo
el hermetismo que reinó en la
I Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC
-UE) que se realizó este sábado en la capital chilena.
Morales le expresó a los
periodistas que la Cumbre
de la CELAC -UE
fue ''una reunión de sordos. Cuando hay debates sobre políticas económicas,
sobre la crisis financiera, debe ser de cara al pueblo, debe ser bajo el
control de los movimientos sociales''.
Sobre el encuentro en el que
los mandatarios de las dos regiones tendrían la oportunidad de expresar sus
posiciones sobre los diferentes temas de la agenda, el presidente boliviano
afirmó que “queremos expresar nuestra enorme preocupación porque el retiro no
fue consultado, sino comunicado, lo que no suelen hacer los anfitriones de
estos foros”.
Ante esto, el mandatario
consideró que es necesario construir un escenario de confianza entre
Latinoamérica y la Unión
Europea debido al pasado de invasión, colonización y saqueo
que existe entre los dos bloques.
“Por eso tenemos muchas
diferencias con países europeos y algunos latinoamericanos”, señaló poco
después de clausurada la CELAC
-UE.
Por último, Morales
sentenció que “necesitamos socios y no dueños que vengan a saquear nuestros
recursos naturales”.
“Necesitamos en América
Latina y el Caribe inversiones, pero no que saqueen nuestros recursos”, expuso.
Por su parte, el canciller
de Cuba Bruno Rodríguez denunció que en ''esta cumbre lo único que se sabe es
lo que dijeron el presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea
y el presidente de la
República de Chile en la apertura y en la clausura''.
''Todo lo que se sabe son
versiones que han dado diplomáticos porque ha sido una cumbre realizada casi en
secreto'', sentenció.
En la declaración de
Santiago aprobada el sábado por los jefes de Estado y Gobierno de la CELAC -UE, las autoridades
concluyeron en fortalecer el respaldo a las inversiones y el comercio
internacional entre los países.
En la declaración se
consideró como "vital" que los inversores cumplan con el derecho
nacional e internacional, "en particular, entre otros asuntos, sobre
fiscalidad, transparencia, protección del medioambiente, seguridad social y
trabajo".
Los Mandatarios también
aprobaron el plan de acción para 2013-2015, que recoge también propuestas
concretas para impulsar inversiones que promuevan el desarrollo sostenible.